La corrupción en la obra pública no es solo un problema económico, es una herida estructural que erosiona la confianza ciudadana, encarece los proyectos por encima de su precio de adjudicación, reduce la calidad de las obras y distorsiona la competencia. Cuando el dinero público se utiliza para intereses privados, la sociedad en su conjunto pierde. Castilla y León no ha sido ajena a esta lacra, recordamos que hasta todo un presidente de la Junta cayó por una supuesta venta fraudulenta de su empresa, Demetrio Madrid, luego absuelto. El PP tiene su lista negra también, no crean. Sin embargo, este fenómeno no es inevitable. Existen medidas concretas, probadas e implementables que pueden reducir drásticamente la discrecionalidad y aumentar la transparencia.
En primer lugar, es imprescindible fortalecer los sistemas de contratación pública mediante plataformas de licitación totalmente digitales, abiertas y auditables en tiempo real. Cada fase, desde la publicación del concurso hasta la adjudicación y la rendición final de cuentas, debe ser accesible para cualquier ciudadano, periodista u órgano de control. Experiencias internacionales muestran que cuando la información se vuelve pública y fácil de analizar, la corrupción disminuye porque aumenta el riesgo de ser detectado.
Paralelamente, los sistemas judiciales deben garantizar que las sanciones por corrupción se apliquen de forma rápida y efectiva. La impunidad por lentitud es el mejor combustible para el delito.
Un tercer pilar es la simplificación regulatoria. Cuantos más permisos, pasos y excepciones existan, más espacio hay para la manipulación discrecional. Reglas claras, procedimientos estandarizados y mínimos márgenes para decisiones subjetivas son una herramienta poderosa contra el abuso.
Por último, la participación ciudadana y la protección de denunciantes son elementos clave. Se deben tener canales seguros para reportar irregularidades sin temor a represalias. Quien denuncia corrupción protege el patrimonio público, y el Estado debe protegerlo a él.
La corrupción no desaparecerá con pomposas declaraciones ni con indignación moral. Se combate con transparencia, controles independientes, leyes sencillas, participación social y castigos efectivos. No se trata solo de construir puentes o carreteras mejores, sino de construir instituciones más sólidas, que respondan al interés colectivo y no a agendas ocultas.
ABC
El PP tiene su lista negra también, no crean. ¿No me diga?.
Se siembra la duda y se sepultan las sentencias; así se combate la corrupción: con espectros y silencios cómplices.