Tras la alocución presidencial de las 11 de la tarde, del otro día, se suscitó la inquietud entre los jueces y los periodistas, cuando el máximo responsable del Ejecutivo situó a ambos colectivos en el centro de sus críticas y en la diana de las medidas que pretende aprobar de forma inmediata el Gobierno, para `salvaguardar´ la calidad de la democracia y la de los medios de comunicación, y la puntualidad de los grandes expresos europeos, dicho sea esto último como inocente pincelada de hilaridad para compensar el malhumor dominante, sobre todo, en el ministro del ramo ferroviario.
Los periodistas sabemos por experiencia que, cuando un Gobierno, aprueba medidas para regular la profesión no lo hace, precisamente, para garantizar o incrementar el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información. Casi siempre, lo hace para poner determinados límites a la actividad de los periodistas, sobre todo, en momentos en los que algunos de ellos resultan especialmente críticos, molestos o contrarios a la ideología o a las políticas gubernamentales.
Porque, por mucho que algunos voceros gubernamentales, traten de justificar la conveniencia de aprobar medidas reguladoras o restrictivas de la profesión periodística, tras el proclamado punto y aparte, en realidad, lo que se pretende es, primero amedrentar a los profesionales e, inmediatamente después, crear un clima propicio para la puesta en marcha de mecanismos de control, con plena capacidad de decisión para determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que conviene y lo que no, y, en definitiva lo que está dentro de los niveles de libertad y crítica que el Gobierno está dispuesto a permitir a los informadores.
Como es obvio y, si no lo es, lo recalco aquí y ahora, nadie, ni en la sociedad ni, mucho menos, entre los periodistas justifica la difusión de bulos o de mentiras o de informaciones falsas en los medios de comunicación, cualquiera que sea la naturaleza de estos. Nuestra profesión tiene un código deontológico que rechaza de forma radical esos comportamientos y, además, los que nos hemos dedicado a esta actividad, tras adquirir la formación adecuada en las aulas universitarias, siempre hemos tenido muy claro lo que es el ejercicio ético de la profesión y lo que no lo es. Pero es que, además, en nuestro ordenamiento jurídico existen leyes que también establecen con claridad los límites de la libertad de expresión e información, ofreciendo a los ciudadanos todas las garantías para que puedan defender sus derechos cuando estos se vean conculcados por una mala praxis del profesional de la información.
Pero no quiero terminar estas líneas sin hacer un breve ejercicio de autocrítica, que siempre es necesario para que nadie nos pueda acusar a los periodistas de corporativistas. Y mi crítica tiene que ver con el fenómeno de la conversión de algunos periodistas en auténticos activistas de partidos, de ideologías, de intereses empresariales, de campañas de desprestigio, de…… todo lo que se pueda imaginar. Se trata de un fenómeno tan creciente como inquietante que cualquier ciudadano puede comprobar leyendo periódicos, o escuchando emisoras de radio o viendo televisiones o siguiendo las redes sociales.
Hace unos días, el presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga expresaba en una entrevista radiofónica de difusión nacional su inquietud por este activismo militante al que se han entregado, ardorosamente, determinados profesionales y que, en modo alguno, ayudan ni al prestigio social de la profesión periodística ni a su dignificación. Los verdaderos profesionales, como señalaba nuestro presidente, no deben estar ni en la trinchera de la izquierda ni en la de la derecha; debe situarse en medio del campo de batalla y con la misma sensibilidad crítica hacia ambos bandos para ser fieles a los principios éticos de la profesión.
Ahora mismo, como es obvio, estamos bastante lejos del periodismo, estrictamente profesional, plural, objetivo e independiente, pero la constatación de esta triste realidad, no debería imposibilitarnos, por muy utópico que parezca, plantear la necesidad de una reflexión colectiva sobre este fenómeno al que se debe poner freno cuando antes para asegurar el futuro y la credibilidad de la profesión periodística.
Está bien que los profesionales expresemos nuestra oposición a regulaciones limitadoras y/o controladoras de la libertad de expresión e información, pero también sería bueno que fuéramos capaces de recuperar los principios más esenciales de nuestra profesión; unos principios que no tienen nada que ver ni con militancias interesadas ni, mucho menos, con activismos desaforados.
Ángel María Fidalgo
“Nuestra profesión tiene un código deontológico que rechaza de forma radical esos comportamientos y, además, los que nos hemos dedicado a esta actividad, tras adquirir la formación adecuada en las aulas universitarias, siempre hemos tenido muy claro lo que es el ejercicio ético de la profesión y lo que no lo es”. Todo muy bonito si no existiera el dinero y los grupos editoriales y de información afines, ¿o es que eso es un cuento?, ¿a quién pretenden engañar?.
No es la formación universitaria, qulquiera que sea, que te da un certificado de difusor de la verdad.
El humano es mas complejo que parece y cuando al horizonte se atisba un resplandor del poder, sinónimo de privilegio, los supuestos deberes éticos se esfuman.
Mi réflexión.
Pedro Sanchez No pide justicia, pide IMPUNIDAD…