La reciente decisión del Gobierno socialista de rescindir los contratos de compra de lanzacohetes Silam y otro material armamentístico al Gobierno de Israel ha desatado una ola de incertidumbre en el noroeste español. Más allá de la polémica geopolítica que envuelve la relación con el Estado israelí, esta medida tiene consecuencias tangibles y dolorosas para las provincias ya castigadas por la despoblación, la falta de inversión y el olvido institucional.
Los contratos ahora cancelados no eran meras transacciones comerciales: formaban parte de un ambicioso plan de modernización del Ejército que incluía una fuerte apuesta por infraestructuras y personal militar en enclaves estratégicos como los acuartelamientos de León y Astorga. Con la anulación de estos acuerdos, se pierde no solo capacidad de defensa, sino también una oportunidad crucial para afianzar y aumentar las plantillas de soldados profesionales, generando empleo estable y cualificado en una región que lo necesita desesperadamente.
Pero la fractura va más allá del ámbito estrictamente militar. Las inversiones asociadas a estos contratos contemplaban también mejoras logísticas y de transporte, entre ellas la posibilidad real de reabrir el ferrocarril Ruta de la Plata como arteria de movilidad estratégica. Esta línea ferroviaria, abandonada durante décadas, no solo hubiera servido para conectar el despliegue militar en el oeste peninsular, sino que ofrecía una vía de desarrollo civil y económico que hubiera podido revitalizar amplias zonas de Castilla y León, comunicando de nuevo al oeste con el sur y dando oxígeno a las economías locales.
La decisión del Ejecutivo, tomada bajo el paraguas de consideraciones éticas y diplomáticas, tiene sin embargo un coste elevado que pagarán los de siempre: las regiones periféricas, los territorios olvidados, los ciudadanos que aún resisten en pueblos y ciudades cada vez más vacíos. Además, como si el perjuicio socioeconómico fuera poco, ahora el Estado deberá afrontar indemnizaciones millonarias a las empresas fabricantes, dinero público que se despilfarrará sin compensación tangible, agravando el déficit y mermando recursos que podrían haberse destinado a políticas sociales reales.
Una vez más, el noroeste español sufre en silencio decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia. Y lo más triste es que nadie parece escuchar el grito sordo de estas provincias, que siguen esperando su oportunidad.
ABC
