¿Hemos tocado fondo?

Si nos atenemos a lo que se escucha y lee cada vez más frecuentemente parece que sí. Se puede responder diciendo que esos análisis vienen de políticos de la oposición o que han perdido su cercanía al poder, su capacidad de influir, que se trata de tertulianos y periodistas contratados para eso, que lo hacen académicos y expertos que se han quedado sin subvenciones o contratos para publicar, investigar o asesorar. Pero hace unos días un votante socialista y de Pedro Sánchez, Javier Cercas, escribió: “Yo he visto cosas que nunca creí que vería” (El País, 23-12-2023). Solo se le ocurrían dos salidas, fingir o la rebelión. En esta sociedad etiquetada como líquida, con una opinión pública deslavazada que se mueve al ritmo de los mensajes efímeros de las redes sociales, hacer como que no se ve puede ser bastante fácil. A fin de cuentas con un toque en la pantalla del móvil se pasa a la siguiente publicación, que se mira durante los mismos pocos segundos y así hasta el infinito. A Cercas no le vale y ha optado por la insumisión. Él y todos los que no quieren fingir tienen su lista de agravios, mentiras, malas prácticas democráticas, falta de transparencia y de explicaciones… La lista de decisiones descaradamente partidistas y solo superficialmente legales se incrementa constantemente.

Hasta el rey se ha apuntado: su mensaje de Navidad fue un tutorial sobre la Constitución recordando que sin ella no hay España en libertad y que por este camino se llega una vez más a la división y el fracaso que se creían superados.

Congreso Diputados

Incapaces

Se pueden destacar dos hechos particularmente significativos.

Ya se sabe, Pedro Sánchez pactó con una coalición de 15 partidos (Sumar) y con otros seis más su investidura. Uno de ellos, Junts, liderado de hecho por un prófugo, exigió reuniones en el exterior y un mediador internacional para que supervise las negociaciones con el Gobierno. Fue aceptado. También hay previsto un verificador para los acuerdos PSOE-ERC. Pocas fechas después, el día de la Lotería –podía haber sido el 28– el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron que la Unión Europea actuara de mediadora en la hasta ahora imposible renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Manipulan el normal funcionamiento legislativo, desacreditan las instituciones y, además, son incapaces de llegar a acuerdos entre ellos, necesitan que alguien los guíe, acerque o dé fe. El colmo de la inutilidad. Se presentan para administrar los asuntos públicos y tienen que buscar a alguien que les ayude a relacionarse entre ellos.

Con una paradoja añadida. Los independentistas y antisistema pierden votos, pero tienen más poder ante la falta de mayorías y el bloqueo entre los dos grandes partidos. Los nacionalistas e independentistas controlan el poder en sus comunidades y además condicionan el estatal: ERC gobierna Cataluña con 33 diputados en un Parlament de 135 (¡y no pasa nada!); el 6,6 % de los votos (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) decide el Gobierno y la política de la legislatura.

Otro añito…

El año que termina ha sido de elecciones. Razón suficiente para que los políticos hagan todo desde el punto de vista del interés electoral. Y el que viene no va a ser menos: comienza con las gallegas, después vascas, europeas y no se sabe si catalanas. Lo mismo harán, para añadir incertidumbre, en 70 países, entre ellos Estados Unidos, con la inquietante incógnita de Trump. En Rusia las cosas están más claras, pero también para mal.

El PP no puede dejar escapar Galicia y el PSOE no debería perder estrepitosamente las europeas, en las que vota todo el país en conjunto. En las copas de Navidad madrileñas solo se hacían cálculos electorales. Ni tan siquiera había casi curiosidad por saber quién relevará a Nadia Calviño en la vicepresidencia económica. En un sistema que se ha vuelto presidencialista los ministros ya son irrelevantes.

El resultado de esas elecciones ayudará a ver si el sistema sigue bloqueado o si es posible la alternancia. Más difícil será confiar en que mejore su funcionamiento, con unos o con otros. Un ejemplo: con la mayoría absoluta recién estrenada y aprovechando el despiste navideño Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una ley ómnibus (modifica 15 leyes) que recorta la independencia de organismos encargados de revisar el funcionamiento de su gobierno.

¿Hemos tocado fondo o todavía llegaremos más abajo? Probablemente. Mientras tanto, un poco de fingimiento –dejemos la insumisión de Cercas por unos días– para que se pueda disfrutar de las fiestas sin organizar una gresca en las reuniones familiares.

 

Ángel M. Alonso Jarrín

@AngelM_ALONSO

Un comentario en “¿Hemos tocado fondo?

  1. Siempre que se trate de información, y no de opinión, el periodista tiene la obligación de ser lo más objetivo e imparcial posible.
    Al periodista hay que exigirle que respete los hechos, pero no que oculte sus opiniones.
    No obstante, es un ideal que es muy difícil de cumplir. Es inevitable, como humanos que son, ser totalmente imparciales y objetivos, así como es prácticamente imposible lograr la imparcialidad total. Esto, a parte de los intereses que suelen subyacer en todo medio de comunicación y que, bien por perseguir una influencia ideológica en el lector, bien por conseguir mayores ingresos económicos, determinan el contenido e imparcialidad del medio en sí.
    Al periodista yo le exijo que no tergiverse ni oculte hechos. Cada día que pasa, veo que, el gran problema de la prensa española es la VERDAD. De hecho, los españoles desconfían de sus periodistas casi tanto como de sus políticos. Recordando que la Constitución española protege el derecho de los ciudadanos a la información veraz, pero en los nuevos medios no se tiene conciencia, y mucho menos diagnóstico, de los graves problemas estructurales heredados, esquivados y tapados en democracia.
    La Gran Recesión hizo que se dispararan las deudas. Hubo despidos masivos para satisfacer el deseo de los accionistas de beneficios a corto plazo, sin que se tocaran los astronómicos paquetes de compensación de los ejecutivos. Lo que queda de las redacciones desmanteladas subsiste con un ejército de autónomos y becarios mal pagados. La diferencia entre el que más cobra y el que menos en los periódicos tradicionales es escandalosa y así llega cómodamente la manipulación que hoy reside.
    Recordando que la Constitución española protege el derecho de los ciudadanos a la información veraz, harán falta años antes de que nos deshagamos de ese miedo atroz a la información libre y veraz.

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