La reciente propuesta de ley sobre Publicidad Institucional presentada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Podemos ha revelado una alianza tan inesperada como preocupante: el apoyo entusiasta de VOX, la connivencia silenciosa del PSOE y el voto solitario de Francisco Igea, cada vez más alejado de toda lógica política reconocible. Un bloque parlamentario que, bajo la bandera de la “equidad” en el reparto de fondos públicos para comunicación, ha terminado propinando un golpe seco al corazón de los medios locales y provinciales.
Pretendían –dicen– limitar la influencia de los grandes grupos editoriales, con Promecal y Unedisa en el punto de mira, y lo que han provocado es justo lo contrario: un panorama desolador para decenas de medios que vertebran el territorio desde lo cercano, con estructuras pequeñas pero profesionales, legalizadas y con periodistas titulados. El límite del 33% del total de facturación anual como tope para recibir financiación institucional supondrá, en la práctica, el cierre de muchos digitales pequeños y provinciales, incapaces de sobrevivir a una restricción tan drástica y desconectada de la realidad empresarial del sector.
Peor aún: mientras se asfixia a los que cumplen la ley y garantizan un mínimo de calidad informativa, no se establece ningún criterio para las webs pirata, sin estructura, sin periodistas, sin auditorías, que seguirán campando a sus anchas aprovechándose del ruido y la confusión. Ni una palabra sobre sellos de calidad, ni sobre controles profesionales, ni sobre el necesario papel del Colegio de Periodistas y sus asociaciones en esta materia. Es, sencillamente, una ley mal pensada, mal construida y peor aprobada.
El procurador podemita celebraba ayer su “logro” con sonrisas en los pasillos de las Cortes, como si la precarización del ecosistema mediático fuera un éxito revolucionario. Vox, como ya es costumbre, ha decidido salirse del marco institucional y apostar por una estrategia de tierra quemada. Igea continúa su travesía en solitario, sin rumbo ni brújula. Y el PSOE, con su silencio, ha sido cómplice necesario.
Solo queda confiar en el PP y el PSOE para que, a pesar de sus disputas, impidan que esta aberración legal se consolide. Porque si algo necesita esta comunidad compleja y plural, dividida en nueve provincias y media, es más voz local, más periodismo de cercanía, no menos. Lo contrario solo beneficia a los gigantes nacionales y vacía de sentido la palabra “vertebración” y “emprendimiento”.
